Con una inversión de 1,6 millones de euros y otros 900.000 euros aportados por parte del Ayuntamiento de Úbeda, la intervención en uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico de la ciudad, el Palacio Vázquez de Molina ha supuesto uno de los hitos más significativos en los últimos años, a tenor de los fondos del 1,5 % Cultural del Ministerio.
La obra se adjudicó a la empresa Alberto Domínguez Blanco y los trabajos arrancaron con las dificultades generadas por la pandemia y la escasez de materiales, que generaron retrasos en el inicio de la obra. Durante el desarrollo de la misma, ha dicho hoy el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Javier Lozano, se tuvieron que adaptar a las complejidades encontradas para intervenir en las cubiertas, por lo que la empresa pidió una prórroga, que a su vez el Ayuntamiento solicitó al Ministerio.
«Pero fue el pasado mes de marzo cuando saltan las primeras alarmas a tenor de las quejas por impago de la adjudicataria que formularon algunos proveedores y subcontratas ante los servicios técnicos municipales». Según Lozano, «en mayo, son los técnicos los que alertan al gobierno local de que las obras no se están ejecutando. Las demoras se agudizan y se alerta del ‘abandono’ de la obra por la retirada de andamios», lo que derivó en la firma, el 26 de mayo, de la incoación del expediente para la resolución del contrato.
«Hasta el momento habíamos certificado y pagado 700.000 euros, que suponen el 44% de la ejecución del proyecto. Es decir, que la empresa ha ido recibiendo los ingresos necesarios para continuar la obra, por lo que no entendemos cómo ha suscitado una situación así y debiendo dinero cuando el Ayuntamiento ha sido pulcro y cumplidor con las acciones de pago», ha dicho Lozano.
Se ha informado de esta circunstancia al Ministerio y se está trabajando para resolver el trámite administrativo, de hecho «tenemos de plazo hasta el 24 de agosto para entregar un cronograma de planificación para reconducir la obra y licitar la parte que falta», dice el edil.
«Y por supuesto el equipo de gobierno va a llevar a cabo todas las acciones legales necesarias para salvaguardar los intereses de la administración local y de la ciudadanía». Una cuestión está de la que se ha informado ya al resto de portavoces de los grupos políticos con representación municipal.